Esta semana se dio a conocer que la Fiscalía de Justicia del Estado de Oaxaca dictaminó que el médico Luis Alberto Pérez Méndez y su colega, Gabriela Cruz López, actuaron de forma dolosa en una cirugía realizada en 2018, en la que falleció un niño de tres años llamado Edward.
De acuerdo con el gremio médico, esta acusación por parte de la fiscalía oaxaqueña criminaliza el acto médico, pues, según lo señalado por este órgano de procuración de justicia, cualquier procedimiento realizado fuera de un hospital de alta especialidad o de centros hospitalarios con unidad de terapia intensiva podría considerarse un delito de orden federal.
En 2018, Pérez Méndez y Cruz López operaron de buena fe al pequeño con el objetivo de tratar una fractura en el brazo. Sin embargo, el procedimiento no salió como se planeó y le costó la vida al menor.
El fiscal del estado de Oaxaca, José Bernardo Rodríguez Alamilla, insiste en que se cometió un homicidio doloso sin tomar en cuenta el tipo de cirugía ni las condiciones particulares del paciente. Esta preocupación ha sido externada por varios médicos, ya que la condena podría sentar un precedente para el resto del país.
Criminalizar el acto médico, una acción que parece ser común en varias fiscalías del país, es sumamente peligroso. Al hacerlo sin contar con los elementos suficientes, se corre el riesgo de persecución hacia médicos que ejercen en diversas condiciones, las cuales no siempre son tomadas en cuenta al momento de judicializar las denuncias.