Este martes 18 de marzo se cumple un año de la expedición de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condenó al Estado colombiano por la persecución que sufrieron los integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -Cajar- y varios de sus familiares. La Corte determinó que diversas dependencias del Estado como el extinto Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- desplegaron “actividades arbitrarias de inteligencia” contra más de 100 personas del colectivo, que fueron estigmatizadas por funcionarios gubernamentales por supuestos nexos con organizaciones guerrilleras. Entre el centenar perseguido hubo familiares, abogados defensores de DD.HH, auxiliares jurídicos, periodistas y otros profesionales asociados al Cajar.La decisión indica que el grupo de inteligencia ‘G3’ del DAS ejecutó “acciones ilegales, seguimientos, vigilancias, interceptaciones de comunicaciones, incluidos teléfonos institucionales, celulares, correos electrónicos, comunicaciones vía fax y correspondencia, y tomas de fotografías de sus residencias, oficinas de trabajo y círculos familiares”. Esta información fue facilitada a grupos paramilitares, indica la sentencia. En la determinación adoptada hace un año se condenó por primera vez a Colombia por la vulneración del derecho a defender los derechos humanos, hecho que fue catalogado como “histórico” por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional -Cejil-.El Cajar ha sido ampliamente conocido en Colombia por defender directamente al presidente de la República Gustavo Petro en los litigios por sus derechos políticos y por la vieja sanción de la Procuraduría que se los restringió. Aunque no lo han respaldado en todas sus decisiones pues, por ejemplo, el Cajar pidió a la Corte que tumbe la conmoción interior que Petro ordenó para la región del Catatumbo.Aunque en la sentencia de la Corte Interamericana se dictaron 16 órdenes al Estado, la mayoría de ellas no presentan mayor cumplimiento, dijo la vicepresidenta del Cajar y excandidata a defensora del Pueblo, Jomary Ortegón, en diálogo con EL TIEMPO.Colectivo de Abogados José Alvear -Cajar-. Foto:CajarA un año de la sentencia, ¿Cuáles órdenes están pendientes de cumplimiento?El cumplimiento de la sentencia es muy bajo. De 16 medidas ordenadas, solo se han cumplido 2: la relativa a indemnizaciones a las víctimas y parcialmente las publicaciones de la sentencia ordenadas por la Corte IDH.¿A qué cree que se deba que no hayan mayores avances en el cumplimiento de las órdenes pasado un año?De acuerdo con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, algunas medidas serán incluidas en la Política Pública de Garantías para las personas defensoras, como el sistema de registro de violencias contra personas defensoras, y otras en el Estatuto de las Personas Defensoras, propuesta legislativa presentada por la senadora Jahel Quiroga. Entre las medidas estructurales que ordena la sentencia y que operarían como garantías de no repetición se encuentra la reforma a la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia. Si bien se ha presentado una propuesta por parte del senador Ariel Ávila, que contó con aportes de organizaciones y la Dirección Nacional de Inteligencia y la asesoría de Naciones Unidas, no ha tenido impulso por parte del Gobierno Nacional, ni aval positivo del Ministerio de Defensa.Con relación a las razones por las cuales no se ha avanzado en el cumplimiento, está, por un lado, una falta de liderazgo de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores y de otro lado, la falta de voluntad e interés en entidades como el Ministerio de Defensa.Jomary Ortegón e Iris Marín, candidatas a la Defensoría del Pueblo. Foto:Cámara de Representantes¿Cuál es el estado de las investigaciones en Colombia por las persecuciones que sufrieron los integrantes del Cajar? ¿Hay algún imputado por esos hechos, algún avance?Con relación a los hechos de agresión contra integrantes del Cajar y sus familiares, en el caso se documentaron más de 100 hechos de agresión, frente a los cuales no existen mayores avances; por el contrario, con posterioridad a la sentencia, recibimos dos noticias de archivo frente a amenazas recibidas en los últimos años.¿Y, ante esto, qué viene?El Estado colombiano debe presentar su informe de cumplimiento del primer año, con posterioridad a nuestras observaciones la Corte puede emitir una resolución de cumplimiento.¿Cómo es su situación de seguridad en este momento?Si bien bajo este Gobierno han disminuido los hechos de agresión, se mantienen situaciones como la estigmatización en contra de nuestro trabajo. Casos específicos como la representación del senador Iván Cepeda en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, han entrañado niveles permanentes de agresión en redes sociales. Nuestro trabajo en la JEP también ha sido objeto de amenazas recibidas de manera electrónica y dos abogadas han sido objeto de ingreso ilegal en sus viviendas.ANA MARÍA CUESTAEditora de justicia anacue@eltiempo.com