El Tribunal Administrativo de Santander ha ordenado a la Universidad Industrial de Santander (UIS) entregar la información completa sobre los contratos suscritos con Juliana Guerrero, quien fue designada en su momento como enlace territorial, en relación con un convenio interadministrativo firmado con el Ministerio del Interior.La decisión judicial responde a una demanda presentada por la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, quien había solicitado en “varias ocasiones” los documentos que sustentan la contratación de Guerrero.Juliana Guerrero también es señalada de falsificar su título universitario. Foto:Guillermo TorresEl convenio en el centro de la controversia, entre la universidad y el Ministerio del Interior, tuvo un costo de “$14.500 millones” y, según el informe, “fue adjudicado en un plazo de ocho días”.Su objetivo era “realizar actividades para la consolidación e implementación de rutas metodológicas de convivencia y seguridad ciudadana” en varios territorios del país, con el fin de “fortalecer las capacidades de gestión territorial” en la materia.En el marco de este millonario convenio, Juliana Guerrero “fue contratada como apoyo, gestión y asistencia técnica” en dichas actividades. Su remuneración, según el medio, era de un “promedio de $12 millones mensuales”.La UIS deberá explicar criterios de selección de Juliana GuerreroEl fallo del Tribunal Administrativo de Santander también exhorta a la UIS a entregar “de forma expresa, clara y concisa” los criterios que utilizó para seleccionar a Guerrero como “enlace territorial” de las actividades del convenio.Jennifer Pedraza, congresista de Dignidad y Compromiso. Foto:Jennifer PedrazaLa orden judicial especifica que la información requerida debe incluir “los soportes de ejecución, los informes del supervisor o interventor y los anexos” relacionados con el contrato.La controversia surgió porque, según “documentos recopilados”, existen “dudas sobre la presencia efectiva de Guerrero en la UIS” y sobre el “conocimiento que las personas relacionadas con el proyecto tenían de su labor”.El 5 de septiembre, la UIS había respondido “parcialmente” a la solicitud de la congresista Pedraza. Sin embargo, la representante insistió al considerar que la respuesta “no incluía todos los detalles del proceso de contratación”, lo que llevó a la intervención del Tribunal.El proceso también ha generado “cuestionamientos sobre un posible incumplimiento de la Ley de Garantías”, debido a que el convenio se ordenó el “22 de septiembre de 2023”, en medio de la “plena campaña electoral”.Siga las noticias de Bogotá, Colombia y el mundo. Foto:*Esta nota fue hecha con apoyo de inteligencia artificial y revisada por un periodista. Redacción Justicia