No obstante la declaratoria del estado de excepción para la región del Catatumbo, en Norte de Santander, y parte del Cesar, las medidas adoptadas para enfrentar las causas que desataron una de las peores emergencias humanitarias de la última década —según la Corte Constitucional— no han derivado en una solución efectiva.Por esta emergencia prolongada, el alto tribunal citó a rendir cuentas a los entes territoriales y del orden nacional para “asegurar una respuesta integral del Estado ante las graves vulneraciones de derechos que enfrentan la población desplazada y los firmantes del Acuerdo de Paz”. Catatumbo, en Norte de Santander. Foto:Andrés CarvajalLa audiencia pública se enmarca en los procesos que adelantan las Salas Especiales de Seguimiento a las sentencias T-025 de 2004 —que declaró el estado de cosas inconstitucional en la atención a las personas desplazadas por la violencia— y SU-020 de 2022, que supervisa las condiciones de seguridad y los riesgos de violaciones a los derechos humanos de las personas en proceso de reincorporación.La Corte cita las cifras oficiales que dan cuenta de más de 73.000 personas desplazadas, entre ellas 218 firmantes de acuerdo, y 2.400 confinadas, entre ellas 183 excombatientes. Las entidades reportan, además, la desaparición de seis firmantes y el homicidio de otros siete. “Estos ataques contra la población civil, perpetrados en medio de los enfrentamientos entre el Eln y el Frente 33 de las disidencias de las extintas FARC-EP, sumados a la débil capacidad de respuesta institucional, llevaron al Gobierno a declarar el estado de conmoción interior”, señala la Corte. No obstante esta carta, que le da facultades extraordinarias al Presidente para expedir decretos con fuerza de ley para atender la crisis, tras una visita de funcionarios judiciales a la región, se advierten fallas en varios frentes. Por ejemplo, denuncian la ausencia de un plan de reacción inmediata frente a las múltiples alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo, “lo que evidencia la falta de acompañamiento suficiente, diferencial y proporcional a la magnitud de los riesgos que enfrentan las comunidades”.Catatumbo, en Norte de Santander. Foto:Andrés CarvajalEntre las conclusiones también hacen un pobre diagnóstico de la atención inmediata a las víctimas, la primera fase de reacción a la emergencia. “Las ayudas han sido limitadas, fragmentadas y carentes de liderazgo, especialmente por parte de la Unidad para las Víctimas. Aunque se habilitaron albergues, la falta de coordinación y las condiciones de inseguridad han impedido avanzar hacia la estabilización”, sostienen. Y agregan: “El fuerte control de los grupos armados en la región ha prolongado el confinamiento de comunidades en distintos municipios. A la fecha, la magnitud y el número real de víctimas de confinamiento no han podido determinarse”.En la fase de estabilización, como también lo han señalado entidades como la Defensoría del Pueblo, la Corte asegura que no existen garantías para los retornos y reubicaciones. Así mismo, “hay una debilidad para promover la sostenibilidad socioeconómica de las familias desplazadas”.”La situación es especialmente crítica para los firmantes del Acuerdo de Paz, cuyo desplazamiento forzado ha obstaculizado su proceso de reincorporación comunitaria y económica, truncando además sus proyectos productivos. En los predios donde serán reubicados persisten carencias en materia de seguridad, vivienda digna y acceso a servicios públicos básicos”, informaron los funcionarios judiciales tras su visita. Con respecto al Pacto Catatumbo, la estrategia presentada por el Gobierno Nacional y promovida como un instrumento clave para enfrentar los efectos de la crisis, la Corte Constitucional subraya que “su implementación aún no ha comenzado, lo que genera incertidumbre sobre su efectividad y el riesgo de que se quede solo en el papel”.El futuro de la reforma de la salud Foto:El alto tribunal le tumbó al Gobierno buena parte de los decretos expedidos en el marco de la conmoción interior, en su mayoría por vicios de forma. Entre las irregularidades procedimentales se destaca, por ejemplo, la ausencia de las firmas de todos los ministros. El decreto madre, con el que se declaró el estado de excepción, fue avalado parcialmente para atender los hechos sobrevinientes, pero descartado para enfrentar problemas estructurales como la proliferación de cultivos ilícitos o las brechas en servicios básicos y educación.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia