La Corte Suprema condenó a 22 años de prisión al exgobernador de Chocó, Efrén Palacios Serna por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público e interés indebido en la celebración de contratos.Estos hechos están relacionados con actos de corrupción ocurridos en el sector salud en diciembre de 2013.Entre los hallazgos que arrojó la investigación, se reveló que el exgobernador firmó contratos para el suministro de medicamentos de alto costo destinados a la población más vulnerable. Sin embargo, dichos contratos fueron utilizados para desviar los recursos públicos.Corte Suprema de Justicia Foto:César MelgarejoEl fallo de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte señala que Palacios Serna fue condenado a 264 meses y 18 días de prisión, además fue inhabilitado para ejercer funciones públicas durante el mismo período.En su decisión, la Corte también ordenó el pago de una multa de más de 1.720 millones de pesos, los cuales deben ser entregados al Ministerio de Justicia.De otro lado, el alto tribunal decidió absolver al exgobernador de Chocó de la acusación por el concurso homogéneo y sucesivo de delitos de interés indebido en la celebración de contratos. No obstante, el tribunal negó la solicitud de suspensión condicional de la ejecución de la pena.En cuanto a la pena, se le concedió a Palacios Serna la sustitución de la condena por prisión domiciliaria. La condena fue proferida por la Corte Suprema. Foto:CortesíaEl casoEste caso se remonta posterior a que el exfuncionario asumiera su cargo el 13 de diciembre de 2013, cuando, a través del Secretario de Salud Guillermo Verhelst Cruz, ordenó tramitar y celebrar contratos de prestación de servicios para el suministro de medicamentos.Según la sentencia del alto tribunal, estos contratos, que suman un total de $2.200.000.000, fueron celebrados con el único propósito de apropiarse de los recursos públicos destinados a la salud para el año fiscal 2013, antes de que concluyera la vigencia de ese período. La acusación indica que, al comprometer dichos recursos de manera anticipada, el gobernador facilitó su ejecución de forma ilegal.”La evidencia presentada sugiere que la ejecución de estos contratos no respondía a una necesidad real de la población vulnerable, sino a una estrategia para desviar fondos públicos”, se lee en el documento. Redacción Justicia Justicia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: