El Congreso ha aprobado este jueves la salida del lobo del listado de especies protegidas (Lespre) con los votos del PP, Vox, Junts y el PNV, lo que implica que se le podrá volver a cazar al norte del río Duero. El apoyo a esta decisión ha sido celebrada con aplausos en el hemiciclo. El PP ha aprovechado la ley de desperdicio alimentario, que se votaba este jueves, para incorporar a última hora varias enmiendas con el objetivo de desproteger a la especie, que tan solo ha gozado de ese estatus durante tres años y medio, desde septiembre de 2021. Regresará así a su estado anterior cuando se permitían cazar lobos. Entonces se abatían de forma legal unos 100 ejemplares al año al norte del Duero, el cupo que permitían las comunidades autónomas, mientras que al sur de ese límite, se encontraba estrictamente protegido.Las enmiendas aprobadas van más allá y supondrán no solo una vuelta a la situación anterior a 2021, sino que abre la puerta a permitir su caza también al sur del Duero [antes se prohibía] una vez que Europa baje la protección en la Directiva Hábitat, algo que ocurrirá en pocos meses porque el procedimiento ya se ha iniciadoDe nada ha servido que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, apelara este miércoles a la responsabilidad y a que las decisiones que se tomen con la especie se basen en información científica. Tampoco se ha escuchado a las organizaciones ecologistas que advierten de que cazar al lobo no soluciona el problema con los ganaderos, como se ha demostrado cuando no estaba protegido.Una de las enmiendas aprobadas indica que de lo que se trata es de “controlar el impacto que [la especie] está produciendo en las explotaciones ganaderas”, lo que conlleva un desperdicio alimentario. La legislación establece que los cadáveres de los animales, incluidos los muertos por los lobos, deben ser gestionados para prevenir riesgos de enfermedades y solo los residuos de ganado que producen estos ataques “suponen un impacto en la generación de alimento de explotaciones ganaderas de cuatro millones de kilos de carne, dado que fueron más de 14.000 las reses muertas entre terneros, vacas, potros y ovejas”, señala la enmienda.Con esta aprobación se han sorteado trámites que requeriría una modificación semejante si se hubiera seguido el procedimiento administrativo que se utilizó para protegerlo, que implica participación pública y científica. Ese proceso fue el que inició la Asociación para la Defensa y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) con una petición al Ministerio para la Transición Ecológica. El Comité Científico de Flora y Fauna, dependiente del ministerio, emitió un dictamen que recomendó incluir a la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) debido a “su importancia como patrimonio cultural, científico, así como los servicios ambientales que produce la presencia de la especie en los ecosistemas naturales”.El proceso continuó con una reñida votación en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en la que participaron comunidades autónomas y el Ministerio para la Transición Ecológica, que dio el visto bueno a la petición de Ascel por tan solo un voto. Nadie se esperaba este desenlace que implicaba que la especie dejara de ser cinegética (objeto de caza y pesca) en todo el territorio nacional.Las comunidades autónomas con mayor población de lobo (Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria) se pusieron en marcha inmediatamente para intentar revertir la situación, y no han cejado en su reivindicación porque consideran que la única manera de que convivan lobos y ganaderos es con la caza de ejemplares, que se determinaban con cupos cada año.

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