Hace un año el Gobierno anunció que iba a trabajar con los rectores en un endurecimiento de los requisitos de calidad para abrir una universidad en España, privada o pública, y cinco comunidades gobernadas por la derecha aceleraron los trámites para que sus proyectos no se viesen afectados al haberse registrado ya las solicitudes de informe en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El pasado 31 de marzo, el presidente, Pedro Sánchez, lanzó una ofensiva contra los “chiringuitos educativos que no cumplen el nivel” que se materializó en la exigencia de que todo proyecto de universidad se someta a un nuevo informe vinculante para evaluar su calidad. Entonces se dijo que habría una excepción con las 10 iniciativas que ya habían solicitado, con los criterios más laxos, que se examinara su calidad. Sin embargo, ahora el Gobierno quiere que se sometan, igual que las demás que vengan, a un segundo informe favorable de calidad elaborado por la agencia de evaluación nacional Aneca o sus extensiones autonómicas. Cuatro de estas propuestas, además, tendrían que ser aprobadas por las Cortes Generales (Congreso y Senado) al ser virtuales y, por tanto, con implantación en todo el territorio. Hasta ahora, los centros con formación online se aprobaban en los parlamentos regionales del lugar de su sede física.Al final, todo indica que no van a quedar fuera del endurecimiento del decreto de 2021, como anunció el ministerio el 31 marzo, argumentando entonces motivos legales (ya estaban en su sede) para hacer la excepción. Estos cambios aparecen en una disposición nueva: “Régimen transitorio de los procedimientos de creación o reconocimiento de una universidad ya iniciados al tiempo de entrada en vigor de este real decreto”. Esta disposición forma parte de la documentación que el ministerio ha mandado a las consejerías y la conferencia de rectores (CRUE) para preparar la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), que va a celebrarse este jueves en Valencia.
Los promotores de la universidad, dicta la disposición, tendrán un máximo de 12 meses para aportar a la comunidad o el ministerio la información que consideren necesaria para elaborar el informe de la agencia de calidad.Si se les aplica la modificación del decreto, estos 10 proyectos necesitarán ahora, además de un segundo informe favorable, contar con tres programas de doctorado (desde 2021 eran dos), al menos 4.500 alumnos ―suficiente masa crítica para funcionar como una universidad, no un colegio―, y un 2% de su presupuesto tendrá que provenir de concursos competitivos de investigación autonómicos, nacionales o internacionalesEn la CGPU del jueves, el gobierno va a “informar” de las alegaciones que va a incluir en el decreto, pero no se va a votar. A su vez, el Consejo de Estado tiene que emitir un informe sobre la modificación que no es vinculante, pero al Gobierno le interesa que sea favorable, porque de no serlo daría armas a una universidad privada o a una autonomía que recurriese los cambios en el decreto. Actualmente, los técnicos del ministerio (los mismos, aunque cambie el signo político del Gobierno) presentan un informe que se vota en la comisión delegada de la conferencia. Siempre se aprueba, porque es un análisis muy objetivo y razonado, basado en los números, por lo que ningún consejero o director general tiene empacho en votar en contra de la iniciativa de una comunidad en manos del mismo partido. Pero el problema es que ese informe no es vinculante y la región promotora puede aprobar en su Parlamento regional la universidad, una práctica que se repite. Desde que llegaron los socialistas en 2018, se han inaugurado cuatro campus con la resolución negativa de la conferencia y otros cinco se han descartado o se ha retrasado la espinosa decisión que contraviene la supuesta búsqueda de excelencia. Por eso quieren modificar el decreto aprobado en época de Manuel Castells, en 2021.El Gobierno de Aragón (PP y Vox), que cuenta con una universidad privada desde hace 20 años (San Jorge), ha solicitado el informe de tres proyectos, por el gran despliegue empresarial de Zaragoza donde se están instalando grandes empresas internacionales que requerirán muchos empleados universitarios. Ese es el objetivo del proyecto presencial de Power University, de los dueños de Power MBA, que oferta cursos de especialización en negocios.Más complicado lo tiene la Universidad Internacional de Aragón, que se anuncia como virtual. Si el 80% de la docencia es a distancia, el Gobierno considera en la modificación del decreto que el centro tiene una implantación nacional y el proyecto no solo necesitará el informe favorable de la Aneca, sino ser aprobadas por las Cortes Generales, lo que dificulta los trámites al tener que convencer a multitud de grupos políticos. Detrás del proyecto está el Grupo Magister y el director del colegio Montessori de Zaragoza, según el diario Heraldo de Aragón. Desde el gobierno regional no lo confirman, pues los promotores piden anonimato.Y también llegan apuros para la Universidad Niccolo Cusano (NCI Aragón), porque su intención es ser semipresencial. Si el 80% de su docencia es a distancia, tendrá que aprobarla las Cortes Generales. Está promovida por la Società delle Scienze Umane, de Stefano Bandecci, alcalde de Terni y muy vinculado a la ultraderecha italiana. Antes intentó abrir en Málaga y en Aragón con los socialistas: En ambos casos, fue descartado por los propios gobiernos autonómicos.La iniciativa Universidad Digital (UDDI), en manos de una nueva sociedad limitada, Iniciativa Educativa de Canarias, del grupo Europa Education (del que forma parte la Universidad Europea de Canarias) también puede verse en problemas si tiene que aprobarla las Cortes Generales por su modalidad virtual. Quiere ser la sexta privada del archipiélago y su tercera virtual. En Extremadura la Universidad Internacional para el Desarrollo (UNINDE) tiene un informe contrario de la conferencia y aguardan el turno otras tres. El Grupo CEU, propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas, pretende abrir el campus a distancia CEU Núñez de Balboa, con sus instalaciones en Jerez de los Caballeros (municipio de Badajoz, de 9.300 habitantes). La rectora del CEU-San Pablo de Madrid, Rosa Visedo, es vicepresidenta de CRUE y participa en las negociaciones con el Gobierno.A su vez, el Grupo Planeta quiere abrir otro centro virtual, la Universidad Abierta de Extremadura, con sede en Badajoz. Mientras que la Europea está interesada en implantarse en Cáceres con docencia presencial, especialmente centrada en las ciencias de la salud.En Madrid, que va camino de su decimocuarta privada, la Abierta de Europa, cuenta con un informe demoledor del ministerio y otros dos promotores están a la espera. La escuela artística TAI, centro adscrito de la Universidad Rey Juan Carlos, aspira a independizarse, como el Felipe II, vinculado a la Complutense, que ya funciona en Aranjuez.Y por último, Adema, el centro adscrito de ciencias de la salud de la Universidad de Islas Baleares (pública), también tiene un proyecto muy adelantado para impartir Medicina en el archipiélago.