El Supremo de Estados Unidos se inclina por permitir el primer colegio concertado católico | Sociedad

La tradición estadounidense señala que debe haber un “muro de separación entre la Iglesia y el Estado”, según la expresión de 1802 del presidente Thomas Jefferson. La actual mayoría conservadora del Tribunal Supremo abrió algunas grietas en ese muro en los últimos años judiciales, especialmente en materia educativa. Ahora, sin embargo, debe decidir si abre un boquete al permitir por primera vez que se financie un colegio concertado católico en el Estado de Oklahoma, lo que sentaría un precedente para todo el país. El abogado en representación de la Administración Trump apoya que se permita la enseñanza religiosa concertada y la mayoría del Alto Tribunal parece simpatizar con la idea.El Supremo tiene seis jueces conservadores y tres progresistas, pero la magistrada Amy Coney Barrett, profundamente religiosa, se abstiene en este caso sin haber dado una explicación, quizá por conflicto de intereses o cercanía personal a los recurrentes. Eso reduce el margen de la mayoría. Las tres juezas progresistas dejaron claro en la vista oral del caso de este miércoles su oposición a que se destinen fondos públicos a sostener colegios religiosos. Cuatro jueces conservadores dieron a entender claramente que apoyan la idea. La decisión, por tanto, queda en manos del presidente del Supremo, John Roberts, relativamente moderado dentro del grupo conservador, cuyo voto puede inclinar la balanza de la justicia. Aunque no dio pruebas concluyentes sobre su posición en la vista de este miércoles, Roberts pareció alinearse con el resto de magistrados conservadores. Si finalmente hay un empate a cuatro votos, la decisión estatal se mantendría.En el caso St. Isidore of Seville contra Drummond, uno de los más destacados del curso judicial, los jueces analizan la petición de un colegio católico que aspira a dar sus clases a distancia y ofrecer educación gratuita costeada por el Estado de Oklahoma. Las autoridades educativas dieron luz verde a su petición, pero el Tribunal Supremo estatal anuló la aprobación del centro en virtud de esa separación entre Iglesia y Estado, a petición del fiscal general estatal, el republicano Gentner Drummond. Los promotores del colegio recurrieron y el Supremo aceptó estudiar el caso. Un poderoso grupo conservador, Alliance Defending Freedom, representa al colegio.Los recursos ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos se formulan en forma de preguntas. La primera que se plantea en este caso es si las opciones académicas y pedagógicas de una escuela de propiedad y gestión privadas constituyen una acción estatal por el mero hecho de contratar con el Estado para ofrecer una opción educativa gratuita a los alumnos interesados. Eso equivale a discernir si la naturaleza de la escuela es pública o privada. Las escuelas concertadas se consideran públicas en Oklahoma y en los otros 45 Estados (más el Distrito de Columbia) donde operan. Son gratuitas y están abiertas a todos, reciben financiación estatal, cumplen las leyes contra la discriminación y se someten a la supervisión de los planes de estudios y las pruebas. Al tiempo, están gestionadas por consejos independientes que no forman parte de los sistemas escolares públicos locales. Si las escuelas concertadas se consideran públicas, que su enseñanza sea religiosa parece no encajar en la Constitución.Tanto el abogado en representación del Gobierno federal, John Sauer, que previamente fue abogado personal de Donald Trump, como los recurrentes afirmaron el carácter privado del colegio concertado, aunque se someta a las normas y la supervisión estatales. Los magistrados conservadores parecieron estar de acuerdo.Con ello, la segunda pregunta planteada al Supremo es si un Estado viola la cláusula de libertad de culto al excluir a las escuelas religiosas de gestión privada del programa de enseñanza concertada estatal únicamente porque sean religiosas.“Discriminación flagrante”El juez Brett Kavanaugh fue uno de los que dejó más clara su posición, señalando que excluir a un colegio católico del programa de escuelas concertadas “parece una discriminación flagrante contra la religión”. “Nuestros casos han sido muy claros”, dijo, en referencia a algunas precedentes de la supermayoría conservadora, “no se puede tratar a las personas religiosas, a las instituciones religiosas y al discurso religioso como de segunda clase en Estados Unidos”. Las escuelas religiosas, argumentó, “no piden un trato especial”. “No piden favoritismo. Solo piden que no se les trate peor por ser religiosas”, concluyó.Los detractores de la enseñanza concertada religiosa sostenida con dinero público, no solo argumentan que viola la separación entre Iglesia y Estado, sino que añaden que podrían restar fondos a las escuelas públicas tradicionales y dar lugar a la discriminación de las minorías religiosas, los no creyentes y los estudiantes LGTBI+.Manifestantes a favor de la enseñanza religiosa concertada, este miércoles ante el Tribunal Supremo, en Washington.
JIM LO SCALZO (EFE)Gregory Garre, en representación del fiscal general del Estado de Oklahoma, afirmó que permitir las escuelas concertadas religiosas crearía “incertidumbre, confusión y trastornos”, en parte porque muchos Estados no querrían financiar la religión y podrían intentar reformar sus leyes sobre enseñanza concertada. Un fallo a favor del colegio católico tendría “un efecto drástico”. “Esto daría lugar a la sorprendente norma de que los Estados no solo pueden, sino que deben financiar y crear escuelas públicas religiosas”, argumentó Garre, calificando tal idea como “un cambio radical con respecto a los precedentes tradicionales de este tribunal”.Las juezas progresistas dejaron claro su apoyo a esa posición. La decisión final dependerá de Roberts. En un momento dado, reconoció que el tribunal había dictaminado anteriormente que los Estados “no podían excluir a los participantes religiosos” de sus programas, como los de beneficencia, lo que parecía apoyar al colegio St. Isidore. Sin embargo, también afirmó que la implicación del Estado en este caso es “mucho más amplia” que en los anteriores, dejando su criterio final en el aire.La sentencia se conocerá previsiblemente a finales de junio o principios de julio, al cierre del curso judicial.