Dos exgobernadores de Casanare tendrán que responder ante la justicia por la presunta corrupción en la que incurrieron, al haber participado supuestamente de la firma irregular de contratos para prestar servicios de salud. Se trata de Oscar Raúl Flórez y Julio Flórez Sarmiento, quien alcanzó a ocupar ese puesto en encargo.El caso reposa en el despacho de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien tiene en su investigación que ambos hombres durante los años 2008 y 2011 habrían suscrito dos contratos y dos convenios de manera irregular.Lo primero es que Oscar Raúl Flórez, electo para ser gobernador, al parecer se ausentó de sus funciones en distintas ocasiones bajo la supuesta excusa de que estaba de comisión en otras partes. No obstante, en la investigación se tiene acreditado que su permiso habría sido una maniobra conveniente para dejar encargado a su secretario privado, Julio Flórez Sarmiento.Yopal, Casanare. Foto:Yamid Calderón / Archivo EL TIEMPO”Esta situación habría sido aprovechada para direccionar los contratos de prestación de servicios 085 y 151 de octubre de 2008, respectivamente; y los convenios interadministrativos 200 y 238 de diciembre de 2008, los cuales contemplaban actividades de promoción, prevención y salud pública en desarrollo del plan de salud departamental”, explicó la Fiscalía este jueves en un comunicado.En la investigación se tiene que los contratos mencionados se celebraron supuestamente sin cumplir con los principios de selección objetiva, responsabilidad, transparencia y planeación. Este tipo de contratos según la ley tiene que suscribirse con instituciones prestadoras de servicio de salud (IPS) públicas, sin embargo en dos de los eventos se hizo con entidades privadas.; mientras que en los otros dos fueron entes públicos que no cumplían los parámetros para llevar a cabo actividades como las pactadas.Mazo de juez. Foto:CEETLa fiscal, al examinar el expediente, decidió imputar a los exgobernadores por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en cuatro eventos (los dos contratos y los dos convenios). Los delitos no fueron aceptados y ahora se enfrentan a un eventual escrito de acusación, que se traduciría en un llamado a juicio.Carlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com