El próximo mes de diciembre se cumple el décimo aniversario del Acuerdo de París y el diagnóstico es desolador: el mundo sigue quemando más carbón, gas y petróleo que nunca. A las puertas de la COP30 en Brasil, se hace necesaria una reflexión sobre cómo enfrentar la crisis climática que ya sufrimos en forma de inundaciones, incendios y sequías. En España, el debate público se ha enfocado mucho en la adaptación a las consecuencias del calentamiento global. Pero así como curar las heridas sirve de poco sin parar la hemorragia, la adaptación no tiene sentido sin abandonar el uso de combustibles fósiles que causan la crisis climática.No puede haber una estrategia climática coherente que no incluya una planificación para acabar con la extracción de combustibles fósiles. La responsabilidad no es solo de los países extractores, los países desarrollados sin extracción significativa de combustibles fósiles como España también tienen a su alcance una serie de medidas que contribuirían a frenar la extracción de carbón, petróleo y gas alrededor del mundo. En el plano comercial, España debe bloquear o condicionar el acuerdo comercial UE-EE UU que obliga a los países miembros a comprar 700.000 millones de euros de gas natural licuado, petróleo y productos energéticos nucleares de EE UU en los próximos tres años. De otra forma, estamos comprometiendo nuestra soberanía estratégica para decidir qué futuro energético y climático deseamos.España también debe marcar la agenda de los bancos públicos de desarrollo en los que participa para que no financien proyectos de extracción o consumo de combustibles fósiles en otros países, y reorientar estos fondos a proyectos que cubran necesidades básicas a partir de fuentes renovables. A nivel fiscal, España debe cumplir su compromiso de acabar con los subsidios a los combustibles fósiles, que en 2023 sumaban un 0,4% del PIB. Y aún debería ir más allá. El gobierno debería promover un impuesto a las empresas que se lucran de la extracción de combustibles fósiles y a los bancos que inviertan en ellas. En 2024, Repsol y Moeve anunciaron beneficios por valor de 1.848 millones de euros, y Santander, BBVA y La Caixa han financiado empresas fósiles por valor de 27.000 millones de euros. Este impuesto debería servir para desincentivar la extracción de combustibles fósiles, y para recaudar los fondos para cubrir los costes de las pérdidas y daños atribuibles a la crisis climática. Recordemos que el Estado ha destinado 17.000 millones en ayudas a afectados por la dana, y los incendios forestales nos cuestan 71.000 millones al año, un 4.5% del PIB. Es de justicia que aquellos que llevan décadas lucrándose a costa de atizar la crisis climática se responsabilicen de sus actos y no descarguen los costes climáticos sobre los damnificados y los contribuyentes. Y así, como aquellas empresas que más han emitido deben responsabilizarse de los costes de las inundaciones y los megaincendios, España debería liderar en el plano diplomático una UE que se responsabilizara del 16,5% de las emisiones globales que ha emitido históricamente. Así, antes de 2035 la UE debería multiplicar por seis su financiación climática internacional para contribuir la parte proporcional de los 1.3 billones de dólares necesarios para pagar las pérdidas y daños climáticos en los países que menos han contribuido a la crisis climática y financiar una descarbonización justa de la economía global.Finalmente, en la próxima COP30, España debería adherirse al Tratado de No-Proliferación de Combustibles Fósiles y sumarse al club de países liderando la acción climática. España debe empujar la posición de la UE hacia el fin de la era de los combustibles fósiles de forma rápida y justa. Este horizonte se debe formalizar en un objetivo de reducción del 75% de las emisiones para 2035 respecto a 1990 en la Contribución determinada a nivel nacional (NDC, en inglés) que la UE debería haber entregado en septiembre. Podría parecer una ambición inabarcable, pero estos objetivos son un imperativo para limitar el calentamiento por debajo de 2 grados Celsius a final de siglo. La inacción de las últimas décadas nos ha condenado a tener que tomar medidas urgentes y drásticas. La alternativa es una distopía que recrudezca el apartheid climático, donde unos pocos se siguen lucrando con los combustibles fósiles mientras una mayoría global tiene que hacer frente a un infierno climático.Marcel Llavero Pasquina, Alejandro Marcos-Valls, Fatima Eisam Eldeen, Gorka Muñoa y Martí Orta-Martínez son un grupo de investigadores que forman parte del grupo EXIT (Industrias Extractivas, Salud Planetaria y Justicia Ambiental) del Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales de la Universidad de Barcelona.

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