La firma de un convenio con regantes abre un nuevo frente entre el Gobierno y la Junta de Andalucía | Noticias de Andalucía

Cuando aún no se ha cerrado la crisis entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Transportes a cuenta de la suspensión de las ayudas para la gratuidad del transporte de los menores de 14 años, porque la consejera andaluza de Fomento omitió informar de que la financiación corría íntegramente a cargo del Gobierno central, se acaba de abrir un nuevo frente entre ambas administraciones a cuenta de la firma de un convenio para la modernización de regadíos en la comunidad entre la Consejería de Agricultura, la empresa pública Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) y los regantes andaluces, a cuya rúbrica oficial, en la que ha estado presente el ministro Luis Planas, no ha acudido el consejero regional, Ramón Fernández-Pacheco, en protesta porque, según su versión, no había sido informado de la fecha. En esta nueva crisis se repiten varios de los elementos de la anterior: el origen de la financiación de ese convenio, el envío de cartas y el uso de las redes sociales para airear las desavenencias internas. Fue el consejero de Agricultura quien primero mostró su sorpresa y su rechazo a través de su cuenta de X. “Una vez más, el Gobierno de España demuestra su deslealtad al organizar de manera unilateral la firma del convenio con regantes”, indicaba Fernández-Pacheco en un tuit que acompañaba con la invitación al acto de esa firma, que cursaba el delegado del Gobierno en Andalucía, fijado para este viernes a las 10.30, en esa sede. El consejero continuaba en un hilo explicando que ese convenio había partido de la iniciativa de su Consejería, recalcando que era la que más aportaba de las tres entidades implicadas, el 50% (70 millones), por el 30% de los regantes y el 20% del ministerio. “Aportamos 70 millones y ni siquiera se ha contado con nosotros para decidir la fecha, el lugar ni el formato”, incidía Fernández-Pacheco, que acusaba al Gobierno de “darle un uso político” a un “proyecto que nació con el único objetivo de ayudar al campo andaluz”. Un malestar que también transmitió a Planas a través de una carta en la que le pedía buscar “juntos la fórmula para hacerlo bien y no de forma unilateral”. Horas más tarde, el ministro respondía por la misma vía. “Rotundamente falso. En lugar de apoyar a los regantes, el PP busca de forma gratuita e injustificada el conflicto. Continuamos trabajando con hechos y no con palabras”, encabezaba su tuit, que acompañaba con la publicación de la carta que le había remitido al consejero en la que se deja constancia de que la firma se había aplazado porque este último lo había pedido y que su equipo sabía desde el pasado lunes 21 que el acto se había fijado para el 25 de abril y en la que le insta a que “reconsidere su posición” y acuda al acto. En esa misiva también se hacía alusión a la aportación de los fondos para ese convenio por cada una de las partes involucradas y se subraya “la puesta a disposición de fondos FEADER [las ayudas europeas que van a la PAC]atribuidos a la Junta de Andalucía, para una mejor ejecución de los mismos, en un tema de vital importancia para la agricultura, como es el regadío sostenible”. De esta manera el ministro incide en uno de los argumentos que viene esgrimiendo el Gobierno central en las últimas semanas y es que buena parte de las iniciativas y proyectos que la Junta de Andalucía se atribuye como propias, realmente son financiadas por fondos europeos que únicamente son canalizados por el Ejecutivo autónomo que dirige Juan Manuel Moreno, pero que en ningún caso provienen de las arcas regionales.Este viernes, mientras el ministro firmaba el convenio entre el Gobierno y SEIASA, el consejero mantenía su agenda en Marbella donde se ha entrevistado con la alcaldesa para luego clausurar las jornadas de Oleoestepa. Pese a que Fernández-Pacheco no ha estado presente en el acto de la rúbrica, sí ha confirmado que la Junta aportará los fondos comprometidos en el acuerdo, marcando la diferencia con la decisión del ministro Óscar Puente, que decidió retirar la ayuda para la gratuidad del transporte metropolitano a los menores de 14 años porque la Consejería de Fomento no incluyó en la nota de prensa en la que anunciaba la puesta en práctica de esa medida que la financiación era enteramente de Transportes, como exige el real decreto ley que las regula.Las fuentes consultadas de ambas administraciones se mantienen en sus versiones ofrecidas públicamente. Desde la Junta se insiste en que en todo este tiempo ha habido innumerables intercambios de mensajes para cuadrar las agendas del ministro y el consejero y que este último incluso se prestó a acudir a firmar a la sede del Ministerio e incluso a hacerlo de manera telemática, pero que lo que siempre se dejó claro es que, tratándose de un convenio impulsado desde el Gobierno autónomo, el acto no podía celebrarse en la Delegación del Gobierno, puesto que allí está ubicada la propia Consejería. Para ese Departamento hacerlo en la Delegación suponía darle un carácter político a un acto cuyo eje central debían ser los regantes. También cuestionan que se les haya invitado a un acto sin haber puesto en común el formato, los asistentes y las intervenciones, aunque, insisten, en que no quieren ahondar más en este asunto. Por parte del Ejecutivo central, se insiste en que el equipo del consejero era conocedor de la nueva fecha fruto de ese contacto constante las dos instituciones, pero también se trata de rebajar la tensión. El propio ministro lo ha querido dejar claro tras el acto que ha generado la fricción: “No quiero hacer polémica, lo que quiero es que el convenio se ejecute bien”.Como en el caso de la controversia por la gratuidad del transporte a los menores de 14 años -150.000 euros para 1,2 millones de personas de esa franja de edad-, que ha derivado en gruesos reproches y acusaciones tanto por parte del ministro Puente como del presidente de la Junta, este cruce de reproches ha silenciado la relevancia del fondo del acuerdo: el avance en la modernización de unos regadíos esenciales para una comunidad donde la agricultura supone el 6,2% de su PIB y que sufre los efectos del rigor del cambio climático y donde el uso de agua eficiente es una prioridad.