Muchas explicaciones tiene que dar el gobierno del presidente Gustavo Petro –y tienen más por investigar Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Congreso– sobre el manejo que se le ha dado a la inteligencia más cercana a la Casa de Nariño, la de la tan poderosa como opaca Dirección Nacional de Inteligencia. LEA TAMBIÉN Nacida no sobre las cenizas, sino sobre los escombros de ese cadáver institucional en que terminó convertido el DAS, la DNI se le vendió a Colombia como un ‘clon’ del MI -6 británico, con claras reglas de juego (por supuesto, dentro de lo que eso puede garantizarse en el mundo del espionaje) y hasta con un contrapoder interno, el inspector nombrado por el Presidente, para garantizar que no iba a volver a repetirse la pesadilla de una policía política utilizada para zanjar las eventuales malquerencias del poder de turno, y además, infiltrada hasta el tuétano por las mismas organizaciones criminales que, se suponía, estaba combatiendo.Pero el experimento de la DNI no salió bien. Las denuncias de la posible infiltración de ‘Calarcá’, tan graves como en su momento lo fue la comprobación del poder paramilitar en el extinto DAS, son apenas el último capítulo de una larga saga de deterioro creciente que, como tantos otros problemas de la Nación, no se inició con este gobierno, pero sí se potenció hasta niveles de crisis en los últimos tres años. LEA TAMBIÉN Mientras todos los grupos criminales y las mafias han potenciado su amenaza, la capacidad de anticipación y reacción del Estado colombiano y su aparato de seguridad, hasta hace unos años considerada ejemplo a nivel mundial, ha caído a sus mínimos.En vez de concentrarse en las amenazas estratégicas que representan ‘Mordiscos’, ‘Calarcás’ y los capos del Eln y el ‘clan del Golfo’, y en las que claramente representan las jugadas de las dictaduras de Maduro y Ortega, la DNI ha dedicado plata, tiempo y recursos para perseguir los molinos de viento del presidente Petro, esos que alimentan su narrativa de persecución y golpes blandos. Un empeño (capricho) que al país le ha salido caro, como en el caso de la sanción del Grupo Egmont contra la Uiaf por la inédita y poco responsable filtración en la televisión pública de un documento reservado de inteligencia financiera entregado por un tercer país. Los lavadores de activos deben estar felices mientras la DNI y la Uiaf siguen dando preocupantes señales de que trabajan no para la Nación, sino para un gobierno que, además, está en plena campaña para el 2026. LEA TAMBIÉN JHON TORRESEditor de EL TIEMPOEn X: @JhonTorresET