La jueza que investiga la muerte de una mujer en 2022 tras someterse a una lipoescultura ve indicios de homicidio imprudente | Sociedad

La jueza que investiga la muerte de Sara Gómez, una mujer de 39 años que falleció en enero de 2022 en Cartagena tras someterse a una operación de cirugía estética, ha dado por finalizada la fase de instrucción y ha ordenado continuar el procedimiento por considerar que existen indicios de que una decena de sanitarios cometieran posibles delitos de homicidio imprudente. La jueza pone así a un paso del banquillo al cirujano que le practicó a esta mujer una lipoescultura en un quirófano alquilado de una clínica privada de Cartagena y al anestesista de la misma, además de a otros ocho profesionales de los hospitales públicos a los que fue derivada en un estado crítico.La mujer se sometió a la citada cirugía estética el día 2 de diciembre de 2021 y, aunque la intervención terminó en torno a las 14:30 horas, no fue derivada a la UCI del hospital público Santa Lucía, en la misma ciudad, hasta las 18:30 horas. En aquellos momentos, según el auto notificado hoy a las partes por la jueza, la paciente estaba ya en estado crítico y en una situación de tal inestabilidad que los cirujanos de guardia que la atendieron decidieron no intervenirla.La jueza considera que estos médicos actuaron de manera correcta, puesto que no había en esos momentos marcadores de sepsis, que aparecieron a partir del día siguiente. Sin embargo, Gómez no fue operada hasta el día 7 de diciembre, cinco días después de la cirugía estética. La mujer se mantuvo estable hasta el 22 de diciembre, pero a partir de ese momento su situación siguió empeorando hasta su fallecimiento el 1 de enero de 2022.La madre de Sara Gómez en marzo de 2025 en los juzgados de Cartagena donde declararon los forenses.
Marcial Guillén (EFE)La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena, que ha investigando los hechos desde entonces, cree que hay pruebas suficientes de que la víctima contrató la operación estética “ante la creencia errónea” de que el médico que la iba a operar era un reputado cirujano plástico, con notable experiencia, tal y como se publicitaba en redes sociales.Sin embargo, “existen indicios de que era la primera intervención de esta clase que realizaba este cirujano, especialista cardiovascular, con cursos en laserlipolisis, lipomoracación abdominal 4D y máster en medicina estética, regenerativa y antienvejecimiento”, según el auto. Por ello, la jueza considera que la falta de formación especializada del cirujano pudo tener relación con el resultado de muerte de la operación. Este ha sido desde el inicio del proceso el principal caballo de batalla de los familiares de la fallecida, que lograron que en septiembre de 2024 el Ministerio de Sanidad modificara un decreto para limitar las prácticas estéticas a cirujanos con esa especialidad. No obstante, la Audiencia Nacional suspendió cautelarmente esa modificación por defectos de forma, y el Ministerio anunció que no recurriría la decisión, sino que, para agilizar el proceso, redactaría una nueva norma.Cuando Sara Gómez ingresó en la UCI pública, según los partes médicos que sus familiares aportaron en su día al juzgado, la mujer estaba en situación de shock hipovolémico, algo que ocurre cuando una gran hemorragia hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo y que puede afectar a los órganos. Cuando fue operada, los sanitarios que la atendieron refirieron en su informe que los órganos de la mujer tenían múltiples perforaciones y traumas en vísceras: “necrosis de la pared abdominal, peritonitis, absceso con contenido intestinal, disección de todo el retroperitoneo, congestión gastrointestinal con múltiples perforaciones, múltiples perforaciones intestinales, perforación en segunda porción duodenal con gran salida de contenido biliar, necrosis isquémica de colon”, reza el parte.La jueza considera que el anestesista que asistió la cirugía estética era el encargado de controlar y monitorizar a la paciente durante la intervención y, por tanto, le correspondía a él la decisión de trasladarla a la UCI, lo que debió hacer “tres horas antes de cuando se hizo”, motivo por el que también mantiene contra él la investigación por posible homicidio imprudente.Una vez ingresada en la UCI, la magistrada señala evidencias de que a partir del tercer día del ingreso había “indicadores de sepsis, con signos de infección generalizada”, por lo que responsabiliza también a los ocho cirujanos de guardia que atendieron a la mujer desde ese día hasta que fue operada el 7 de diciembre, cuando la intervención estaba aconsejada desde los primeros signos de sepsis. Sí habrían actuado correctamente quienes la atendieron en los dos primeros días y, también, los que se ocuparon de ella desde el momento de la operación hasta su muerte, por lo que archiva la investigación contra ellos.Las partes deberán ahora pronunciarse sobre si piden la apertura de juicio oral y presentan escritos de acusación, y pueden también solicitar diligencias complementarias o presentar recurso de reforma o apelación contra esta decisión.