Uno de los puntos de una solicitud judicial presentada por el antiguo secretariado de las extintas Farc ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en octubre del año pasado pedía la renuncia a la persecución penal de sus antiguas bases guerrilleras, que, ocho años después del Acuerdo de Paz, aún tienen asuntos pendientes con la justicia ordinaria.En el requerimiento, también solicitaron que se acumularan todos los macrocasos en los que son investigados en una única resolución de conclusiones -o acusación-, con el fin de agilizar los procesos judiciales que aún no han derivado en la primera sentencia.El antiguo secretariado de las Farc-EP pide a la JEP celeridad en los procesos. Foto:Comisión de la Verdad.Para presionar por la celeridad de los procesos, además, anunciaron su renuncia al derecho a la presunción de inocencia y se declararon responsables de los patrones criminales que ya habían reconocido ante esta instancia.Sobre este punto, EL TIEMPO conoció que, a pesar de la respuesta del Tribunal en enero pasado en la que, en principio, rechazaban la posibilidad, actuarán de acuerdo con la sentencia C-080 de 2018 de la Corte Constitucional y emitirán una única resolución con ampliaciones por hechos victimizantes.En cuanto a la depuración de los procesos, con el reloj en contra para finalizar la vigencia de la Sala de Reconocimiento de Verdad, que es la encargada de remitir los expedientes al tribunal de paz y que, por mandato constitucional, tiene un plazo de 10 años, la JEP está buscando un atajo para cerrar aquellos que siguen en la Fiscalía.”Hemos estado reunidos con la fiscal, Luz Adriana Camargo, en negociaciones de un memorando de entendimiento con el cual queremos hacer un barrido de los procesos que tiene la justicia ordinaria, verificar su estado, y descartar aquellos que puedan hacerse en esta jurisdicción”, le dijo a este diario el magistrado Ramelli. La JEP espera que para la segunda mitad de este año se emita la primera sentencia. Foto:Cortesía JEPSegún fuentes de la Jurisdicción, se realizará una revisión de más de 105.000 carpetas que a lo largo del conflicto fueron abiertos, muchas veces sin un responsable identificado, y cuya resolución quedó en vilo. Estos serán comparados con los que tiene abiertos la jurisdicción y, en caso de duplicidades, se pedirá su archivo en la justicia ordinaria.Por ejemplo, los expedientes en justicia ordinaria por secuestro en contra de los comparecientes que ya han reconocido este delito en la JEP buscarán que sean cerrados de forma definitiva por la Fiscalía.El propósito es omitir su traslado a la JEP y evitar la congestión judicial en el tribunal, que actualmente mantiene a la magistratura en aprietos debido a la conclusión de las investigaciones, especialmente de los macrocasos 08, 09, 10 y 11, que son los más retrasados.”Además, se aprobó el acuerdo 02 de 2025, en el que se crean grupos de trabajo en conjunto con la UIA (Unidad de Investigación y Acusación, la Fiscalía de la JEP) para acelerar todas las investigaciones”, agregó el presidente de la JEP.Los argumentos de los ex-FarcDesde el lado de las ex-Farc, llevan la cuenta de unos 3.000 procesos ordinarios que siguen pendientes contra quienes formaban sus bases guerrilleras.También mencionaron otros 94.000 en los que están involucrados y que actualmente tramita Justicia y Paz, la jurisdicción encargada de juzgar a los paramilitares. Debido a estos dos frentes abiertos, además de los casos sin sentencia en la JEP, solicitan que su situación jurídica se resuelva cuanto antes. Para ello se están coordinando reuniones con la Fiscalía y allanando el camino para que el Tribunal de Paz imponga las sanciones correspondientes: penas restaurativas no privativas de la libertad de hasta 8 años. Juicio contra Miguel Polo Polo sigue en firme Foto:Se espera que la primera sentencia esté lista para la segunda mitad de este año.Aun así, entre los obstáculos también se encuentran los recursos jurídicos interpuestos por la defensa de los comparecientes, como recusaciones y apelaciones, cuyo trámite ha dilatado el veredicto.Sobre las implicaciones de la “archivatón”, el exfiscal Alfonso Valdivieso aseguró que se tendrían que fijar parámetros muy precisos para fundamentarla. “A la JEP le conviene porque con la cantidad de los procesos que ya tienen, se les complicaría demasiado seguir agregando nuevos expedientes. Sobre todo teniendo en cuenta sus limitaciones en tiempo, al ser una entidad transicional”, dijo el exfiscal. Sara Valentina Quevedo Delgado Redacción Justicia