Tras la decisión de la Fundación San José de anular el título de Juliana Guerrero como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y como profesional Contaduría Pública, expertos señalan las consecuencias legales que hay para ambos.El pasado 25 de septiembre, la Fundación de Educación Superior San José informó sobre la detección de irregularidades en el trámite del título académico de Juliana Guerrero, quien fue postulada meses atrás para ocupar el cargo de viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad. En su comunicado, la institución anunció el inicio de acciones penales y disciplinarias contra algunos directivos y una investigación interna para establecer cómo se produjo el otorgamiento irregular del título de contadora pública.Este es el comunicado de la Fundación San José sobre anulación del título de Juliana Guerrero. Foto:Archivo particularDurante el último mes, dicha investigación ha avanzado y, aunque aún no ha concluido, ha arrojado hallazgos parciales relevantes. La revisión del historial académico de Guerrero en los sistemas institucionales no evidenció registros de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual, ni en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria ni en el de Contaduría Pública.Por esta razón, en sesión del 7 de noviembre de 2025, el Consejo Directivo de la universidad, tras agotar el debido proceso disciplinario, decidió anular de manera unánime los títulos universitarios correspondientes a dichos programas. A pesar de las controversias, Juliana Guerrero ha reiterado su intención de posesionarse como viceministra de Juventud. Según se conoció, planea presentar la Prueba Saber Pro el próximo 8 de noviembre, requisito que debió cumplir antes de obtener su grado.Juliana Guerrero Foto:Archivo Particular¿Cuáles son las consecuencias legales?El consultor en educación Francisco Cajiao explicó que el caso involucra dos niveles de responsabilidad. Por un lado, debe avanzar en la universidad el proceso interno contra la estudiante. Por otro, el Ministerio de Educación está obligado a investigar a la institución por haber otorgado un título sin los debidos controles.Esto es de enorme gravedad: una universidad que incurra en estas prácticas puede incluso perder su acreditaciónFrancisco cajiaoExperto en educación.“A Juliana no le pueden quitar el diploma así nomás. Tiene que demostrarse que no asistió a clases o que alguien dentro de la universidad alteró registros. Esto es de enorme gravedad: una universidad que incurra en estas prácticas puede incluso perder su acreditación”, dijo Cajiao.Por su parte, el penalista Fabio Humar indicó que la anulación del título deja a Guerrero únicamente con el grado de bachiller y podría derivar en consecuencias penales. “Todo parece indicar que en la obtención del título hubo fraude, lo cual significa que la Fiscalía está en mora de iniciar las imputaciones del caso”, señaló.Por su lado, el abogado Saúl León advirtió que la Fiscalía deberá determinar si Guerrero hizo uso de los diplomas anulados para acceder a cargos o contratos públicos. De comprobarse, podría ser imputada por el delito de fraude procesal, que contempla penas de entre seis y 12 años de prisión.“La propia universidad certificó que el título fue obtenido irregularmente. Si con ese documento se obtuvieron nombramientos o contratos, se estaría configurando un medio fraudulento que tiene consecuencias penales graves”, precisó.Por su lado, el abogado Samuel Ortiz Mancipe, citó a la Corte Constitucional en la Sentencia T-020 de 2010, que señala que las Universidades tienen cierta autonomía para anular títulos profesionales, inclusive con posterioridad al otorgamiento del título, cuando se tengan indicios de error o falsedad en su acreditación, o como consecuencia del incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, siempre y cuando dicha actuación administrativa esté revestida de las garantías del debido proceso.”Seguramente vendrá un largo camino jurídico, por las acciones legales (ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo) y constitucionales (como la tutela) que intentará Juliana Guerrero para controvertir dicha anulación, pero lo cierto es que no se avizora una vulneración a un derecho fundamental; todo lo contrario, ello permitirá avanzar en la actuación penal a raíz de las denuncias tanto de la congresista Jennifer Pedraza como de la Fundación Universitaria San José contra los exdirectivos como contra la Guerrero y, a la postre, dificulta la llegada de Guerrero al viceministerio de las Juventudes, al no contar ahora con un título profesional”, dijo.Alejandra González y Juan Diego TorresRedacción Política y Justicia