Cuando un medicamento pierde la patente y la industria de los genéricos puede competir con la marca original, los precios caen abruptamente. En España lo suelen hacer en torno al 40%, pero es mucho menos de lo que sucede en otros países. Los españoles pagan un 20% más que la media europea por estos fármacos, un porcentaje que se puede llegar a triplicar si se compara con el mercado escandinavo, el más competitivo, según un informe de 2023 de lo que equivaldría en Suecia a la agencia de productos farmacéuticos y sanitarios (TLV, por sus siglas en sueco).
El Gobierno aprobó la semana pasada un anteproyecto de ley del medicamento que quiere cambiar esto, quizás no llegar al nivel de Dinamarca o Suecia, pero sí rebajar el precio de los genéricos y hacerles ganar cuota de mercado, que en España está en torno a un 40%, un 16% menos que la media europea. Con las nuevas normas, el Ministerio de Sanidad calcula que ahorrará 1.300 millones de euros anuales a las arcas públicas, pero el sector farmacéutico (industria y boticarios), que es el que dejará de recibir este dinero si se cumplen las previsiones, ha puesto el grito en el cielo. Se quejan del daño que hará a la industria, al tejido productivo y a las farmacias, pero también alertan de que pone en peligro la autonomía estratégica y el abastecimiento de medicamentos en España.El sistema actual, según coinciden todos los actores, está obsoleto y carece de sentido. Hay que cambiarlo. En lo que no hay unanimidad es en el cómo. Como explica Ignacio Chueca, manager general de la consultora farmacéutica IQVIA en España, cuando la patente expira, entran en escena los genéricos, con una reducción de aproximadamente del 40%. “El sistema de precios de referencia hace que tanto genérico como marca estén al mismo precio si están financiados. Esto hace que no haya ninguna diferenciación en cuanto a precio entre ambas tipologías de productos”, señala. Ante esto, muchos clientes acaban comprando el de marca, que es el que conocen. Los genéricos no suponen así una gran ventaja competitiva.El modelo opuesto es el escandinavo. Cuando la patente expira se realizan subastas mensuales a la baja. Cada mes las compañías hacen las ofertas y la que consigue el precio más bajo, se queda con el mercado. De ahí que los medicamentos cuesten mucho menos que en el resto de Europa.Los expertos advierten que este sistema tiene, sin embargo, un peligro: cuando se juega solo al mejor postor no se tienen en cuenta factores como la capacidad de suministro o lo que llaman “autonomía estratégica”. En palabras de Félix Lobo, catedrático en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Asociación Economistas de la Salud, no es otra cosa que proteger el mercado nacional y europeo. “El precio más bajo, sin más, puede conducir a que venga una empresa india o china que solo tiene en España una habitación alquilada en un edificio de oficinas y traen de allí medicamentos creados a expensas de salarios bajísimos con exigencias medioambientales menores. Esto puede llevar a que dejemos de ser capaces de fabricar medicamentos y tengamos que importarlos todos”, sostiene.Es algo que sucede en otras industrias, pero no es lo mismo quedarse desabastecido de camisetas por culpa de las fluctuaciones de los mercados o de una pandemia, que de fármacos esenciales. Y la industria del genérico en España tiene una posición fuerte que favorece esta autonomía estratégica y que teme perder: fabrica el 75% de los genéricos que se venden en España y exporta el 27% de la producción.Rafael Borrás, director de relaciones internacionales de Teva (el mayor productor de genéricos del mundo), pone en valor este músculo, y teme que un nuevo reglamento pueda debilitarlo: “Sueca y Dinamarca no son para mí buenos ejemplos. Un país donde todo es precio, con subastas mensuales, no sé si beneficia al paciente, y la realidad es que no tienen autonomía estratégica. No se pueden autoabastecer. Hay que saber qué industria queremos, si una que fabrique aquí u otra con un despacho con un fax. Si es un precio cuanto más bajo mejor, o un equilibrio que no te haga depender de terceros países, una industria que genere empleo de calidad”.La propuesta de Sanidad para el nuevo sistema de precios es que el criterio no sea solamente el precio, sino que se tengan también en cuenta los medioambientales y la capacidad de suministro. El secretario de Estado, Javier Padilla, y César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, dieron esta semana una rueda de prensa para aclarar esto tras la respuesta de la industria al sector.Con el nuevo sistema no habrá un solo precio mínimo, sino una horquilla que estará determinada por estos criterios. Por ejemplo: si un fármaco chino (o de cualquier país) baja el precio abruptamente pero no es capaz de satisfacer la demanda, o pone en peligro esta autonomía estratégica, se incluirán entre los fármacos financiados por el Sistema Nacional de Salud otros que garanticen estas bases, aunque sean más caros.Cuando el ciudadano va a la farmacia, si pide el fármaco por principio activo, se le suministra el de precio más bajo, pero también puede pedir otros dentro de la horquilla seleccionada, o los puede dispensar el farmacéutico si no tiene otro. También puede pedir medicamentos fuera de esta horquilla. Podría ser que por alguna razón prefiera el de marca que ha tomado toda la vida, pero que sea más caro: el sistema sufragaría una parte, y otra la tendría que pagar el paciente, una fórmula que ahora mismo no existe.Con esta “sana competencia”, Sanidad prevé ese ahorro de 1.300 millones, que además supondrá inyectar unos 150 millones para subir el precio de otros fármacos esenciales en los que, paradójicamente, ha caído tanto el precio que ya no hay empresas que quieran comercializarlos, algo que también pone en peligro el suministro. Hay, por ejemplo, antibióticos cuya bajada de precio con el tiempo los hace poco interesantes para la industria, que acaba vendiéndolos a países que pagan mejor. La nueva ley también trata de solucionar esto.Padilla aseguró en la rueda de prensa que su ministerio está dispuesto a escuchar propuestas, “siempre que aumenten la competencia”, como la que ha hecho la industria del genérico, que consiste en que, una vez que se conozcan las propuestas ciegas de precios, se puedan modificar para entrar en la horquilla seleccionada, en caso de que estuvieran fuera. También atendió al periodo de adjudicación de precios, que en principio estaba fijado cada dos meses, y se amplió a seis, a petición de la industria.El secretario de Estado aseguró que otros actores que han protestado contra el anteproyecto, como Farmaindustria, no han hecho propuestas. La patronal de las empresas innovadoras ha explicado a EL PAÍS que hace tiempo lo hicieron, y que seguirán haciéndolo en el marco de las conversaciones que tienen con el ministerio. “Farmaindustria está preparando sus alegaciones al anteproyecto de ley, que cubrirán muchos aspectos y artículos”, explica un portavoz.El plazo para presentarlas dura hasta el 30 de abril, pero el proceso no acabará ahí. El texto final, y el nuevo sistema de precios de medicamentos, tendrá que ser ratificado en una votación en el Congreso por una mayoría absoluta que requiere de partidos conservadores que suelen estar alineados con la industria, y cuyo resultado es hoy por hoy una incógnita.