Durante la audiencia de imputación de cargos contra el exdiputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos, la fiscal del caso, Lucy Laborde, reveló que el hijo del presidente Gustavo Petro se reunió con el entonces ministro del Interior, Alfonso Prada, para gestionar cupos dentro del Gobierno Nacional.El señalamiento hizo parte del extenso relato que presentó la funcionaria del ente acusador ante el Juzgado 14 de Control de Garantías de Barranquilla, dentro del proceso en el que Nicolás Petro enfrenta cargos por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, tráfico de influencias, peculado por apropiación y falso testimonio.Audiencia de imputación contra Nicolás Petro. Foto:Archivo particularDe acuerdo con la fiscal Laborde, en ese encuentro del 27 de septiembre de 2022, en momentos en que Prada ejercía como jefe de esa cartera, Nicolás Petro habría solicitado y obtenido diez cupos en el Gobierno.”El 27 de septiembre de 2022, usted, Nicolás Petro, ejerciendo sus influencias políticas se reunió con un funcionario del Gobierno Nacional, Alfonso Prada, obteniendo así cupos dentro del Gobierno. Así usted le solicitó a su esposa Day Vásquez que le informara sobre algún abogada que esta quisiera ayudar, pues el señor Hernando Alfonso Prada, ministro del Interior, le habría dado 10 cupos distribuyéndolos así: tres para Ciénaga, uno para ayudar a su señora madre, uno para Day y cinco para el tema político de Barranquilla”, dijo la fiscal.La Fiscalía afirmó que Vásquez le hizo llegar la hoja de vida de Ojeda para ser considerada en el Ministerio del Interior o en la Defensoría del Pueblo. También se refirió a otras gestiones presuntamente adelantadas por Nicolás Petro, como ubicar a la tía de una persona identificada como Mayra en la Superintendencia de Notariado y Registro, y conseguir nombramientos a través de diferentes entidades del Estado.Alfonso-Prada-y-Gustavo-Petro Foto:Archivo ParticularEl relato de la fiscal incluye otros encuentros que, según las investigaciones, Nicolás Petro habría sostenido con altos funcionarios del Gobierno. Entre ellos, una reunión privada con el ministro de Transporte de la época, Guillermo Reyes González, y otra con el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, el 15 de julio de ese año, en la que habría solicitado la dirección de las sedes de la entidad en Barranquilla y Cartagena.”Usted, señor Nicolás Fernando Pedro Burgos, en compañía de otra persona, acudió a una reunión con el director de la DIAN de ese entonces, el señor Luis Carlos Reyes a quien le habría solicitado la dirección de impuestos, la dirección de la DIAN en Barranquilla y la dirección de la DIAN en Cartagena. Todo ello con el fin de continuar con el proceder práctico acostumbrado por usted”, señaló la fiscal.Nueva audiencia de imputación contra Nicolás Petro. Foto:Archivo particularLa Fiscalía sostiene que Petro Burgos habría aprovechado su condición de hijo del entonces presidente electo para ejercer influencias y obtener beneficios políticos y personales. En su exposición, Laborde relató que, incluso antes de la posesión presidencial, el hoy procesado habría participado en reuniones con terceros para recibir dinero derivado de gestiones políticas, una de las cuales se habría realizado en el edificio Miró, en Barranquilla, en junio de 2022.”En el cual se pudo evidenciar que tras una reunión en el edificio Miró, ubicado en la carrera 57 con calle 79, piso 10, en la que usted habría participado, obtuvo una suma de dinero que, según le manifestó a su esposa, Daysuris Vázquez, debía retirar con urgencia, por lo cual buscó a terceros para que lo ayudaran en dicha labor”, aseveró la fiscal.En ese episodio, de acuerdo con la fiscal, Nicolás Petro le habría manifestado a Day Vásquez la necesidad de mover con urgencia una suma de dinero, para lo cual recurrió a la ayuda de su primo Camilo Burgos Soto.Con base en estos hechos, la Fiscalía acusó a Nicolás Petro del delito de tráfico de influencias de particular. Al momento de la imputación, la fiscal señaló que este delito cobija solo los casos de la exgobernadora y del exsecretario.Se investigan dos hechos irregulares. Primero, maniobras en contrataciones directas y anticipos en las que habría participado el entonces secretario Raúl Lacouture Daza. Segundo, un contrato de 572 millones de pesos suscrito el 25 de enero de 2022 para implementar centros de vida móviles para adultos mayores en el Atlántico. La gobernadora del Atlántico entre 2020 y 2023 habría ejercido indebida influencia como ordenadora del gasto en las contrataciones de la Fundación Consciencia Social.Juan Diego TorresRedacción Justicia