A cinco días de cumplirse once meses de la crisis humanitaria en la región del Catatumbo, la Defensoría del Pueblo advirtió que la situación en Tibú, en la zona fronteriza con Venezuela, se ha agravado por el control de grupos armados que ejercen extorsión, cobran peajes ilegales y persiguen a la población civil. En seguimiento a la situación, los magistrados Natalia Ángel Cabo y Héctor Alfonso Carvajal Londoño, realizan desde las 8 a.m. de este martes la audiencia pública para “asegurar la respuesta Estatal integral a la crisis humanitaria del Catatumbo”.Soldados en Catatumbo Foto:CortesíaA la sesión fueron citados los ministros de Defensa, Pedro Sánchez; del Interior, Armando Benedetti; de Educación, Daniel Rojas Medellín; y de Hacienda, Germán Ávila Plazas, así como los jefes de los órganos de control Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo; Gregorio Eljach, procurador general; y Carlos Hernán Rodríguez, contralor general, además de representantes de Naciones Unidas y organizaciones internacionales.Tibú, ubicado en el nororiente de Norte de Santander, limita con Venezuela y carece de pasos fronterizos formales, lo que facilita el tránsito irregular de personas, mercancías y actores armados. Con 62.151 habitantes, de los cuales más del 60 % vive en la zona rural, el municipio es un corredor estratégico para economías ilícitas y enfrenta una débil presencia institucional.Es, además, el municipio del Catatumbo con mayor presencia de migrantes venezolanos: según Migración Colombia, cerca de 22.046 personas residen allí, concentradas en los centros poblados de La Gabarra, Campo Dos y la cabecera municipal. La Defensoría advierte que esta población, especialmente mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, vive en condiciones de alta vulnerabilidad frente a la explotación laboral, la trata de personas, la violencia sexual y el reclutamiento forzado.Desplazados en la región del Catatumbo. Foto:SCHNEYDER MENDOZAEl organismo alertó que la falta de mecanismos binacionales de protección y el control armado sobre las trochas fronterizas han derivado en prácticas sistemáticas de extorsión y persecución contra la población migrante y en movilidad. La economía local depende principalmente de la explotación petrolera y de la palma de aceite, sectores disputados por grupos armados para el cobro de extorsiones. A esto se suman actividades ilegales como la minería, la tala y los cultivos ilícitos, que alimentan la financiación y el control territorial de las estructuras criminales.Desde enero de 2025 se ha recrudecido la confrontación entre el Eln y las disidencias del Frente 33 de las Farc, generando desplazamientos masivos y confinamientos. La Defensoría documentó el uso de minas antipersonales, drones con explosivos y ataques en veredas como 20 de Julio, Versalles, Oru 7 y Campo Seis, donde incluso las escuelas permanecen cerradas por riesgo. En varios sectores rurales, las comunidades han debido desplazarse nuevamente tras intentos fallidos de retorno, debido a amenazas, ocupaciones de predios y destrucción de viviendas.La Defensoría del Pueblo atiende varias labores de carácter humanitario. Foto:Archivo EL TIEMPOLa entidad también alertó sobre el control social que el ELN ejerce en corregimientos como La Gabarra, Reyes de Campo Dos y Pachelli, donde impone normas, restringe la movilidad y regula la vida comunitaria. Los líderes comunales, docentes y defensores de derechos humanos son objeto de amenazas, algunas difundidas por redes sociales bajo el término “paraelenos” para estigmatizarlos. En este contexto, el ELN busca consolidar su dominio sobre las economías ilícitas y la población civil mediante una combinación de presión armada y control social, lo que limita la acción humanitaria, fragmenta a las comunidades y agrava la crisis humanitaria en Tibú y toda la región del Catatumbo.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com